A partir de este lunes y durante las próximas dos semanas, la Corte Internacional de Justicia examinará en etapa oral el caso de supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua - Colombia).

Según la Cancillería colombiana, es importante tener en cuenta que en este caso las pretensiones de Nicaragua no son sobre soberanía territorial ni sobre mar territorial. La Corte únicamente analizará si Nicaragua tiene razón al sostener que Colombia habría violado el derecho internacional con las operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe, realizadas con el objetivo de ejercer las libertades de Colombia en el área, proteger a los habitantes del Archipiélago de San Andrés y a la población Raizal, cumplir con deberes internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico, ejercer protección de la Reserva de Biósfera Seaflower y cumplir con otros deberes derivados de tratados multilaterales; así como con la expedición del Decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.

Desde la etapa de excepciones preliminares (marzo de 2016), Colombia logró excluir la principal pretensión de Nicaragua en el sentido de que nuestro país había violado el derecho internacional por amenazar con el uso de la fuerza. 

En el marco de este proceso, Colombia contrademandó a Nicaragua con dos reclamaciones según las cuales Nicaragua ha desconocido la existencia de los derechos tradicionales de pesca de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder a las aguas donde se encuentran los bancos en los que han pescado por siglos, y también ha infringido estos derechos como lo han atestiguado pescadores Raizales.

Nicaragua ha expedido un Decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros Estados ribereños del Mar Caribe. Ambas contrademandas serán revisadas en estas audiencias de septiembre.

En estos procesos, el equipo de defensa del Estado ha contado con la colaboración de la Armada Nacional de Colombia y otras entidades del orden local y regional, así como de varios miembros de la comunidad Raizal del Archipiélago, quienes desde una perspectiva multidisciplinaria han hecho valiosas contribuciones a la defensa de la Nación.

Si bien la Corte no emitirá un fallo en esta ocasión, sí escuchará a los agentes y abogados internacionales de ambas partes para convocar, en próximos meses, a la lectura del veredicto final.